La Mesa de Enlace Agropecuaria, integrada por las cuatro instituciones más representativas del sector, presentó un documento con propuestas de políticas públicas que será enviado a los candidatos a presidente elegidos en las primarias abiertas obligatorias del próximo 11 de agosto.

El núcleo central del documento de ocho páginas –que fue presentado formalmente hoy miércoles por las autoridades de CRA, SRA, Coninagro y FAA en la sede porteña de esta última entidad– es una propuesta de reforma tributaria integral. A continuación, se reproducen textualmente los principales aspectos del mismo.

Reforma tributaria. Nuestras actividades requieren un esquema tributario basado en impuestos a la renta, por eso necesitamos que se dejen de lado herramientas distorsivas como ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos de sellos, impuestos a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados, entre otros. Proponemos un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, Pymes, economías regionales y situaciones de emergencia. Debe evitarse que los impuestos se cobren por adelantado, bajo la prerrogativa de pagos a cuenta.

Asimismo, los mínimos no imponibles deben adecuarse a la variación de precios, permitirse el ajuste por inflación impositivo, de manera de evitar pagar impuestos generados por la inflación y por resultados por tenencias.

El Acuerdo Fiscal Nación-Provincias debe implementarse en todas las jurisdicciones. Deben eliminarse a la brevedad las medidas de algunas provincias que, en los hechos, funcionan como aduanas internas.

Exigimos que se cumpla el final de los derechos de exportación en diciembre de 2020 como plazo máximo. Los derechos de exportación son un mal impuesto, no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsamos su eliminación para todos los productos. Debe evitarse que diferentes eslabones o sectores privados subsidien unos a otros, mediante transferencias generadas por los derechos de exportación diferenciados.

Se debe contar con una herramienta automática que permita compensar saldos a favor del contribuyente (ya sean impositivos como previsionales) con deudas a pagar, que reduzca costos financieros y a la vez brinde mayor transparencia. Esto ya existe en otros países y la tecnología está disponible. Debiera incluir que los saldos de libre disponibilidad puedan ser direccionados al pago de aportes patronales.

Sostenemos que es un error “exportar” impuestos, y nos quita competitividad. Los reintegros a la exportación son una política pública positiva y acorde a las reglas de comercio internacional, que fueron reducidos en el marco de la última crisis cambiaria. Reclamamos recuperar los niveles previamente vigentes y actualizar el cálculo de los impuestos que en la actualidad deberían ser devueltos. Esta devolución debe especialmente llegar al productor.

Reducir los montos de los impuestos patronales a todas las actividades primarias, pecuarias, agrícolas, y de empaque, incluyéndose en los beneficios del Decreto 128/2019, que aumenta el Mínimo No Imponible de los aportes patronales, para además así fomentar la formalización de los trabajadores rurales y su cobertura social.

Fomento a la inversión mediante sistemas de amortización acelerada acotado a las inversiones y devolución automática de IVA.

Es imperioso reducir la presión fiscal aumentando la base de contribuyentes, permitiendo así aliviar la carga para todos. El incumplimiento de las normas genera competencia desleal y, por ende, atenta contra la rentabilidad de los productores y contra el buen funcionamiento de los mercados.

Modernización del sistema laboral. Debe adecuarse a las nuevas realidades tecnológicas y dinámicas de la producción avanzando hacia un esquema en donde la judicialización de las relaciones laborales no sea un escollo para el mercado de trabajo. Se necesitan incentivos positivos para mejorar los niveles de formalidad, cobertura social, y cobertura de riesgos de trabajo, esto último mediante la adhesión de todas las provincias a la Ley de ART.

Financiamiento. Que sea accesible en condiciones, tasas y plazos, garantías con el Banco Nación y los Bancos Provinciales como protagonistas, ya que la coyuntura hoy lo vuelve casi inexistente. Reforzar la conformación de consejos regionales del Banco Nación y el Consejo Agropecuario. Los trámites y requisitos para el acceso al financiamiento suelen ser extremadamente burocráticos, lo que implica además sobrecostos, situación que debe mejorarse. Una buena herramienta para impulsar es el Warrant, entre otras que pueden ser valiosas.

Acceso a Mercados. Para mejorar una inserción internacional estratégica, debemos trabajar en la ampliación y mejora en el acceso a los mercados, reforzando el camino de apertura, negociando nuevos tratados de comercio y priorizando las negociaciones estratégicas. Este proceso debe apuntar a la baja de aranceles y eliminación de barreras no arancelarias.

Información de mercado. Se requiere en las economías regionales disponer de información de mercado amplia, oportuna, accesible y confiable respecto de situación de oferta, pronósticos de cosecha, estimaciones de calidad y rinde, situación de la demanda, precios de insumos. Destacamos la necesidad contar con precios de referencia transparentes como herramienta estratégica.

Fomenta a las Buenas Prácticas Agropecuarias. Deben difundirse, promover su implementación y monitorearse debidamente las normativas vigentes. Tomando ejemplos como el Programa de BPAs de Córdoba, proponemos fomento concreto desde la Nación, Provincias y Municipios, así como acciones de capacitación continua para nuestros productores, trabajadores y contratistas rurales, entre otros.

Aplicación de agroquímicos. Este es un debate pendiente y las entidades y los productores queremos ser parte de la solución. Creemos que la mejor opción es una Ley Nacional, que marque las pautas de uso correcto en este tema, para que luego, provincias y municipios se adecuen a la misma y dispongan las herramientas de control necesarias. Esta normativa debe estar fundada en rigor científico, contemplar la salud, interdisciplinariedad, monitoreo y control.

Emergencia agropecuaria. Reformar para modernizar la Ley de Emergencia Agropecuaria, simplificar y agilizar sus trámites, aumentar los recursos del Fondo de Emergencia (actualizar por inflación el monto original de 2009) y establecer un mecanismo de actualización automática de dicho fondo.